Cada año en Chile se practican aproximadamente 160.000 abortos lo que significa que uno de cada tres embarazos termina en aborto.
Chile es uno de los pocos países del mundo en que la legislación mantiene la más absoluta penalización, cualquiera sea la razón o circunstancia por la cual se realice. Incluso se encuentra prohibido el aborto terapéutico, prohibición que fue restablecida por Pinochet en 1989 después del plebiscito.
Como consecuencia de esta legislación, su práctica se torna ilegal y por ende clandestina e insegura, lo que transforma el aborto en un verdadero problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Evidentemente, esto afecta gravemente, en primer lugar a las mujeres y de manera dramática, a las más pobres de entre ellas.
Los riesgos y daños derivados del aborto serían totalmente evitables si las leyes prohibitivas no obligaran a las mujeres a recurrir a manipulaciones inseguras y clandestinas.
Por otra parte, el aborto ilegal y clandestino constituye un problema de justicia social ya que la posibilidad de obtener servicios médicos seguros depende solamente de los recursos económicos que disponga la mujer.
Los gobiernos que dejan instalarse esta desigualdad básica entre las mujeres son responsables de organizar una grave discriminación y violar así el principio básico de la igualdad de tratamiento para todas, de la misma manera.

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